Por: Julio González
Un
Viandante
En las entregas anteriores hemos hablado de votos, de clientelismo y del miedo en las calles. Pero hay una realidad que no se puede ocultar con un chaleco reflectante ni con un discurso de campaña: las estadísticas de los hospitales traumatológicos. Aquí es donde la "estrategia" política de dejar hacer y dejar pasar se convierte en una carnicería social.
La República Dominicana tiene el deshonroso mérito de encabezar las listas mundiales de muertes por accidentes de tránsito. Y en ese macabro ranking, el protagonista absoluto es el motorista.
El hospital como cementerio de juventud
Si usted quiere ver el costo real del motoconcho, no vaya a una cena navideña en un polideportivo; vaya a la emergencia del Hospital Dr. Ney Arias Lora o del Darío Contreras. Allí encontrará la verdadera cara de la informalidad: jóvenes de entre 18 y 35 años con extremidades destrozadas, traumas craneales y vidas que se apagan antes de empezar.
Para el Estado, es un negocio terriblemente malo. Se estima que el costo de atender a un paciente crítico por accidente de moto puede ascender a millones de pesos. Camas de cuidados intensivos, cirugías reconstructivas y prótesis que, en la mayoría de los casos, terminan siendo costeadas por el contribuyente. Es la ironía suprema: el gobierno no invierte en regular al sector para no "perder votos", pero termina gastando diez veces más en parchar los daños de su propia negligencia.
La discapacidad: El otro lado del "voto"
Por cada motorista que muere, hay cinco que quedan con discapacidades permanentes. Estos hombres, que en la retórica política son "héroes del día a día", pasan a ser una carga económica para sus familias y para el sistema de seguridad social.
¿De qué sirve la "facilidad" de comprar un motor chino con 5,000 pesos de inicial si el costo final es la invalidez? El clientelismo vende la ilusión de un empleo inmediato, pero oculta la letra pequeña: el trabajador es quien pone el cuerpo mientras el político pone la sonrisa.
El silencio de los gremios
Es curioso observar cómo las grandes federaciones de motoconchistas, tan rápidas para movilizarse cuando se intenta aplicar una ley de casco o de registro, guardan un silencio sepulcral ante la falta de seguridad social real para sus miembros.
La "protección" que el sindicato y el gobierno ofrecen es una protección para violar la ley, no para proteger la vida. Se les permite circular sin luces, sin cascos homologados y en condiciones mecánicas deplorables, todo bajo el manto de que "son pobres padres de familia". Pero la pobreza no debería ser una licencia para morir en el asfalto.
Un país desangrado
Al final, la "fiera motorizada" que tanto asusta a la clase media es también la principal víctima de este sistema. Un sistema que prefiere pagar la cuenta del hospital y la caja de muerto antes de asumir el costo político de imponer el orden. Mientras el "eterno comodín" siga siendo útil para ganar elecciones, las emergencias de los hospitales seguirán siendo el depósito de una generación que se desangra sobre dos ruedas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario