El Botín Legalizado: RD$23,333 millones para los partidos en medio de la escasez nacional.

Por Julio C. González

Un Viandante

Mientras miles de dominicanos enfrentan precariedades cotidianas—desde hospitales sin insumos hasta barrios sin agua potable—los partidos políticos han recibido, entre 2012 y 2025, más de RD$23,333 millones del presupuesto nacional. No por corrupción, sino por ley.

La Ley 20-23 y la Ley 33-18 establecen un sistema de financiamiento público que garantiza a los partidos políticos un porcentaje fijo del presupuesto nacional. En años electorales, el monto se dispara. En 2024, por ejemplo, se asignaron RD$5,041 millones, mientras que en 2020 fueron RD$4,013 millones.

La distribución es desigual: 80% para los partidos mayoritarios, 12% para los intermedios y 8% para los minoritarios. Este esquema, aunque legal, plantea una pregunta ética: ¿puede un Estado con déficit fiscal seguir financiando la política como si fuera un lujo?

Una comparación con sectores vitales revela una paradoja: en 2020, los partidos políticos recibieron RD$4,013millones, una cantidad mayor a los RD$3,200 millones destinados a la salud primaria y los RD$1,100 millones asignados al transporte público; en el 2024, el financiamiento a los partidos aumentó a RD$5,041 millones, superando nuevamente el presupuesto para salud primaria (RD$3,800 millones) y transporte público (RD$1,500 millones). En 2025, el presupuesto para los partidos disminuyó a RD$1,260 millones, mientras que el de salud primaria fue de RD$2,900 millones y el de transporte público de RD$1,200 millones. (Fuente: Presupuesto General del Estado, años correspondientes).

En años clave, los partidos reciben más fondos que sectores que atienden necesidades básicas. ¿Qué dice esto sobre nuestras prioridades institucionales?

El financiamiento público busca evitar que los partidos dependan de intereses privados. Pero en la práctica, ha creado una élite presupuestaria blindada por la ley. ¿Rinden cuentas los partidos por estos fondos? ¿Existe una auditoría pública accesible? ¿Qué parte se destina realmente a formación política o participación ciudadana?

Es hora de repensar el modelo. Algunas alternativas podrían incluir vincular el financiamiento a indicadores de bienestar social, establecer techos presupuestarios en función del gasto público total, y exigir informes públicos detallados y auditables por la ciudadanía.

La democracia no se mide por el dinero que reciben los partidos, sino por el bienestar que garantizan al pueblo. En tiempos de escasez, cada peso cuenta. Y cada silencio institucional también.