🚦 Formalizar lo que ya es ciudad: motoconchos y deliverys como economía legítima.

 

🚦 Formalizar lo que ya es ciudad: motoconchos y deliverys como economía legítima

 

Por Julio González Un Viandante                                    

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Aunque invisibilizados en los censos, regulaciones y planes urbanos, los motoconchistas y deliverys constituyen uno de los sistemas más capilares y funcionales de la movilidad en la República Dominicana. Su presencia no sólo garantiza el acceso territorial en barrios periféricos y centros congestionados, sino que articula una economía que el Estado aún no reconoce formalmente, a pesar de sus evidentes dividendos sociales y fiscales.

Los trabajadores del motoconcho y delivery se sitúan en la frontera entre lo informal y lo imprescindible. Operan fuera de los marcos tributarios y regulatorios, pero cumplen una función que ninguna institución ha logrado suplir. Esta disonancia revela una oportunidad: formalizar no significa eliminar, sino reconocer, dignificar y ordenar.

Formalizar este sector no es únicamente una apuesta por la organización vial o el orden urbano; es una estrategia de desarrollo. Aquí algunos beneficios concretos que el Estado podría agenciar:

• Ingreso fiscal sostenible:
  A través de microtributación adaptada al ingreso real (por ejemplo, tasas fijas trimestrales), se podría recaudar sin asfixiar económicamente al trabajador.
• Incorporación al sistema de seguridad social:
  Generaría aportes voluntarios al sistema de salud y pensiones, reduciendo la carga fiscal futura y fortaleciendo el tejido de protección social.
• Créditos formales y bancarización progresiva:
  Facilitaría acceso a financiamiento para mejora de vehículos, compra de equipos o incluso emprendimientos logísticos cooperativos.
• Desarrollo de plataformas y cooperativas locales:
  Incentivadas por el Estado, podrían dar estructura tecnológica y comercial al sector sin depender exclusivamente de apps extranjeras.

Para que esto ocurra, no basta con decretos ni censos. Es indispensable:

• Un registro nacional de motoconchistas y deliverys, colaborativo, territorializado, con participación ciudadana.
• Espacios públicos adecuados: puntos de espera, zonas de carga, rutas prioritarias.
• Reformas normativas inclusivas: adaptar leyes de tránsito y comercio a la realidad del sector.
• Campañas institucionales de concienciación que rompan con el estigma del "motoconcho como amenaza" y lo instalen como parte de la solución.

Formalizar este sector no es un capricho tecnocrático, sino una oportunidad de Estado. Reconocer a los miles de hombres y mujeres que mueven la ciudad sobre dos ruedas es también reconocer que la ciudad no solo se planifica desde arriba, sino que se construye desde abajo.

🏍️ El motoconcho como síntoma: movilidad, pobreza y abandono estatal

 

🏍️ El motoconcho como síntoma: movilidad, pobreza y abandono estatal

Por Julio González
Un Viandante        

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En el debate público sobre el motoconcho, suele hablarse de caos, inseguridad y desorden. Pero rara vez se aborda lo esencial: el motoconcho no es la causa del problema, sino su síntoma. Es la respuesta espontánea —y muchas veces desesperada— de una población históricamente excluida de un sistema de transporte digno, accesible y planificado.

En barrios marginados, zonas rurales y periferias urbanas, el motoconcho es más que un medio de transporte: es una red de subsistencia. Su existencia revela la ausencia del Estado en la planificación territorial, en la inversión en transporte público y en la garantía de derechos básicos como la movilidad segura. Donde no hay rutas de autobuses, donde las aceras son intransitables y donde el metro ni los teleféricos llegan, aparece el motorista como única opción.

Pero esta solución informal tiene un costo alto: vidas perdidas, accidentes diarios, inseguridad ciudadana y una economía paralela sin regulación ni protección. El motoconcho es, en esencia, la institucionalización del abandono.

La respuesta estatal ha sido ambigua: por un lado, se tolera su existencia; por otro, se criminaliza su práctica. No hay una política pública clara que reconozca su rol, que lo regule con justicia o que lo integre a un sistema de movilidad más amplio. Tampoco hay voluntad de invertir en transporte colectivo eficiente, accesible y descentralizado.

La movilidad no puede seguir siendo un privilegio de quienes viven en el centro o pueden pagar un vehículo privado. Debe ser un derecho garantizado por el Estado, con políticas que reduzcan la dependencia de soluciones informales y que dignifiquen a quienes hoy sostienen, con riesgo y precariedad, el desplazamiento de millones.

Reformar el sistema de transporte no es solo una cuestión técnica: es un acto de justicia social. Porque mientras el motoconcho siga siendo la única opción para los más pobres, seguirá siendo también el espejo más crudo de nuestra desigualdad.

Partidos minoritarios en República Dominicana: ¿pluralismo legítimo o simulación financiada?

 

Partidos minoritarios en República Dominicana: ¿pluralismo legítimo o simulación financiada?   

Por Julio González

Un Viandante

En cada proceso electoral dominicano, decenas de partidos compiten por un espacio en la boleta y en el imaginario ciudadano. Algunos se presentan como “emergentes”, otros llevan décadas en la vida política nacional. Pero al revisar sus resultados y el financiamiento público que reciben, surgen preguntas inevitables: ¿Cuánto respaldo real tienen? ¿Y qué tan proporcional es el dinero que les otorga el Estado?

En las elecciones presidenciales de 2024, varios partidos emergentes participaron con propuestas diversas. Aunque sus resultados fueron modestos, la Junta Central Electoral (JCE), amparada en la ley, les asignó fondos públicos para el año 2025. La siguiente tabla resume esta relación:

Partido Emergente	Votos 2024	% Nacional	Financiamiento JCE 2025	Categoría Legal
MRD	59,396	1.36%	Parte del 12% compartido	Entre 1% y 5%
PED	59,392	1.36%	Parte del 12% compartido	Entre 1% y 5%
JS	49,418	1.13%	Parte del 8% compartido	Menos de 1%
GENS	31,566	0.72%	Parte del 8% compartido	Menos de 1%
OD	25,204	0.58%	Parte del 8% compartido	Menos de 1%
FA	6,255	0.14%	Parte del 8% compartido	Menos de 1%
PPT	2,744	0.06%	0% (disuelto)	No reconocido

También participaron partidos pequeños con trayectoria histórica, algunos con más de 40 años de existencia. Aunque su presencia fue simbólica o marginal, mantienen personería jurídica y acceden a una fracción del financiamiento público compartido. Aquí se resumen sus resultados:

Partido Histórico	Fundado	Votos 2024	% Nacional	Financiamiento JCE 2025	Observaciones
PQDC	1985	3,218	0.07%	Parte del 8% compartido	Participación marginal
MODA	2007	4,102	0.09%	Parte del 8% compartido	Mantiene personería
PNVC	1973	2,987	0.06%	Parte del 8% compartido	Presencia simbólica
FNP	1980	No presentó candidatura	—	No recibe fondos	Activo sin boleta presidencial
UDC	1986	No presentó candidatura	—	No recibe fondos	Institucional pero sin participación

Este panorama plantea una tensión entre legalidad y legitimidad. Algunos partidos superan el 1% y acceden a porciones del 12% del presupuesto público asignado, aunque su impacto territorial y simbólico es limitado. Otros, con décadas de historia, apenas logran mantenerse vivos en la boleta, sin propuestas visibles ni presencia ciudadana.

¿Estamos financiando alternativas reales o estructuras simbólicas sin arraigo? ¿Debe el financiamiento público considerar no solo el porcentaje de votos, sino también la transparencia, el impacto en el debate público y la presencia territorial?

Nota: los datos que se presentan en los cuadros son estadísticas tomadas de la JCE y de fuentes autorizadas.

Cartelización Política y Reciclaje de Dirigentes: De Balaguer al PRM

Por Julio González

Un Viandante

La política dominicana ha desarrollado una arquitectura informal que trasciende los ciclos electorales. Desde los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer hasta la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se ha consolidado un modelo de cartelización institucional, donde estructuras no electas —como MYPIMES electorales, fundaciones y movimientos comunitarios— negocian cargos, contratos y visibilidad a cambio de adhesión coyuntural. Estas estructuras no compiten en las urnas, pero ocupan espacios estatales con cada cambio de gobierno. Son los dirigentes reciclados, los “perennes” del tren gubernamental.

La cartelización política convierte al Estado en un espacio de reparto entre microestructuras territoriales que operan como franquicias partidarias. No responden a procesos democráticos ni tienen legitimación ciudadana, pero sí ofrecen utilidad política a los partidos mayoritarios. Estas estructuras se activan en campañas, se formalizan como MYPIMES, y luego se insertan en el aparato estatal como proveedores, asesores o enlaces comunitarios. Su permanencia no depende del voto, sino de su capacidad de adaptación al poder.

Históricamente, este reciclaje ha seguido una lógica de continuidad simbólica. Durante los gobiernos de Balaguer, se consolidaron redes clientelares que distribuían cargos a líderes comunitarios, militares retirados y operadores políticos sin escrutinio ciudadano. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perfeccionó el modelo, integrando estas estructuras como proveedores del Estado y formalizando el uso de MYPIMES para canalizar fondos públicos. El PRM, por su parte, ha heredado y reactivado muchas de estas redes, otorgando cargos a figuras que han transitado por múltiples gobiernos. El reciclaje institucional se mantiene, con nuevos nombres, pero viejas prácticas.

El vínculo con los fondos públicos es clave para entender esta dinámica. La Junta Central Electoral (JCE) ha distribuido miles de millones de pesos a los partidos políticos. En 2024, el monto ascendió a RD$2,520 millones, mientras que en 2025 se asignaron RD$1,500 millones, con RD$400 millones para cada partido mayoritario. Una parte significativa de estos recursos termina canalizada a través de MYPIMES electorales, muchas creadas exclusivamente para justificar gastos en campañas. Estas estructuras permiten que los fondos públicos se distribuyan sin trazabilidad clara, mediante facturación de servicios ficticios, contratos de asesoría y logística electoral.

La presencia territorial de estas estructuras es nacional. En el Cibao, operan como bisagras entre liderazgos comunitarios y estructuras centrales. En el Sur profundo, se vinculan a trayectorias religiosas, militares y comunitarias. En el Este, se activan como plataformas de movilización turística y logística electoral. En todos los casos, se adaptan al partido en el poder, manteniendo su funcionalidad simbólica y operativa.