El IAD ante la encrucijada: modernización o disolución institucional

Por Julio C. González

Un Viandante

La reciente propuesta de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura ha despertado inquietudes legítimas en los ámbitos técnico, institucional y ciudadano. Lejos de tratarse de una mera reorganización administrativa, estamos ante una decisión que podría definir el rumbo de la reforma agraria dominicana y el papel del Estado como garante del desarrollo rural inclusivo.

Desde su creación en 1962 mediante la Ley 5879, el IAD ha sido pilar de las políticas de redistribución de tierras, estabilización agraria y apoyo a miles de familias campesinas. Este mandato legal —vigente y orgánico— no es una pieza decorativa, sino un marco institucional que responde a una deuda histórica con el campo dominicano. Cualquier intento de transformación que implique la absorción del IAD por el Ministerio de Agricultura debe partir de este reconocimiento jurídico. Pretender suprimirlo mediante vía administrativa sería jurídicamente cuestionable y políticamente riesgoso.

Además, fusionar el IAD bajo la sombrilla ministerial plantea interrogantes de fondo: ¿Dónde quedará el enfoque específico en la reforma agraria? ¿Quién garantizará la defensa del pequeño productor frente a una tecnocracia cada vez más alejada de la tierra que pisa? La experiencia demuestra que la concentración institucional no siempre produce eficiencia, y a menudo diluye misiones estratégicas.

El dilema no es modernizar o preservar el status quo, sino preguntarnos: ¿puede modernizarse la política agraria sin desmantelar la institucionalidad que la hizo posible? Existen alternativas: reingeniería operativa del IAD, descentralización técnica, articulación efectiva con Agricultura sin necesidad de desaparecer su identidad histórica ni sus competencias.

La narrativa pública también cuenta. Para el campesinado, el IAD no es solo un edificio ni una sigla: es un símbolo de conquista social. Convertirlo en una dependencia más podría percibirse como un retroceso, un gesto de desprecio hacia un legado que aún tiene cuentas pendientes con las comunidades rurales.

Si queremos una agricultura resiliente, inclusiva y con visión de futuro, necesitamos instituciones fuertes, no invisibles. Apostar por el IAD es apostar por una política agraria con rostro humano y misión histórica. Su desaparición, en cambio, sería una fractura que el tiempo y la tierra difícilmente perdonarían.

 LA MÍA, CAROLINA

Por Julio González

Un Viandante

Tras las elecciones presidenciales de mayo de 2024, que reafirmaron el liderazgo del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el mandatario convocó a los dirigentes con aspiraciones presidenciales dentro del partido, con miras al proceso electoral del año 2028. Lo discutido en esa reunión ha ido filtrándose lentamente al público, y cada participante sostiene su propia versión de lo acontecido.

Lo cierto es que existen, dentro del PRM, proyectos más o menos visibles que promueven las aspiraciones —legítimas, aunque quizás prematuras— de quienes se consideran con las condiciones necesarias para suceder al presidente en el ejercicio del poder.

El panorama político del 2028 será sin duda más competitivo que el pasado torneo electoral. Por ello, esta coyuntura exige que la Dirección del PRM, así como los compañeros que desean seguir contribuyendo a la obra de gobierno de Abinader, actúen con sensatez al momento de elegir a su candidato o candidata presidencial en un proceso convencional extraordinario.

Y es en ese marco que este viandante se cuestiona:

Si ya algunas municipalidades y provincias cambiaron el rumbo de la historia al elegir a mujeres como alcaldesas y senadoras, ¿podrá la Dirección del PRM encauzar la voluntad de sus miles de electores hacia una opción igualmente transformadora? ¿Podrá elegir, para la presidencia del país, a una mujer joven, preparada, forjada en el liderazgo cercano y solidario con los más necesitados, que además pertenece a una estirpe de servicio público y ha acumulado una hoja de vida consistente, tanto en lo privado como en lo público?

Una mujer que ha sabido ejercer la alcaldía de la principal plaza política del país durante dos períodos consecutivos, con resultados palpables y una gestión cercana. Una mujer que ya no es promesa, sino testimonio de capacidad, temple y vocación. Una figura cuya ascendencia presidencial no le ha bastado por sí sola: se ha ganado el respeto a pulso.

Esa mujer existe. Se llama Carolina Mejía Gómez.

La historia nos ha dado pistas: cuando el momento llama a las puertas del cambio, hay nombres que resuenan con fuerza propia. Y si en el 2028 el país está listo para escuchar una voz distinta —firme, serena y decidida— quizás no haya que buscar más allá de la acera principal del Distrito Nacional.

Porque, al final, la política también se construye con símbolos. Y el de una mujer liderando la nación no sería un experimento: sería una conquista. Yo, desde esta orilla reflexiva, ya lo tengo claro.

La mía es Carolina.

 https://cnsur.com.do/?p=47086

Continuamos expresando nuestro parecer sobre este sensible tema de la gobernanza republicana.

Fusión del IAD y el Ministerio de Agricultura: impacto en la reforma agraria y la gestión agropecuaria.

Por Julio González

Un viandante

La reforma agraria ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del sector agropecuario de República Dominicana, permitiendo el acceso a tierras para pequeños productores y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Sin embargo, la reciente decisión del gobierno de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, mediante los Decretos 115-25 y 209-25, ha generado un amplio debate sobre sus efectos en la gestión interinstitucional y el futuro de proyectos clave como La Cruz de Manzanillo, D-1 Ganadero en Azua y Prodevaj en Oviedo.

Si bien la fusión busca eliminar duplicidades administrativas y mejorar la eficiencia, distintos sectores han expresado preocupación por su impacto en la titularidad de tierras, el apoyo a parceleros y la continuidad de la reforma agraria. Este artículo analiza los desafíos derivados de la competencia histórica entre ambas instituciones, la falta de alineación entre planificación y ejecución, y el costo político que esta decisión representa para el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante décadas, el IAD ha sido el ente rector en la administración de tierras agrícolas, mientras que el Ministerio de Agricultura ha gestionado la producción y el desarrollo tecnológico del sector. Sin embargo, la intersectorialidad entre ambas entidades ha estado marcada por duplicidad de funciones, dificultando la asignación eficiente de recursos; conflictos administrativos, como el caso de La Cruz de Manzanillo, donde la ejecución ha sido deficiente debido a la falta de coordinación entre ambas instituciones; descentralización ineficaz, que ha obstaculizado el avance de proyectos como D-1 Ganadero en Azua, donde la falta de infraestructura adecuada ha retrasado la producción; planificación desconectada de la realidad rural, afectando la efectividad de programas diseñados para fortalecer el sector agropecuario.

El gobierno ha argumentado que la fusión permitirá una mejor gestión de las tierras agrícolas y un ahorro presupuestario considerable. Sin embargo, organizaciones como el Consejo Nacional de Parceleros, igual el CONAPE y actores políticos, han advertido sobre los riesgos para los campesinos, que dependen del IAD para la titulación de tierras y el acceso a financiamiento. Entre los riesgos identificados tenemos problemas de titulación: Más del 60 % de los terrenos administrados por el IAD tienen conflictos de propiedad, lo que podría generar desalojos en provincias como Mao-Valverde, Cotuí y Duarte; reducción de asistencia técnica, parceleros temen que la absorción del IAD por el Ministerio de Agricultura disminuya el apoyo directo a pequeños productores y la centralización administrativa, lo que podría alejar los servicios a los beneficiarios en comunidades rurales.

La reforma institucional del IAD podría representar un desafío electoral para el PRM, que ha mantenido un fuerte respaldo en sectores agropecuarios. Si la fusión resulta en desalojos o en la reducción de programas de apoyo, podrían surgir protestas campesinas que afectarían la estabilidad política y la percepción del gobierno. La fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura representa una reforma estructural profunda, con el potencial de mejorar la eficiencia administrativa, pero también con riesgos significativos para la reforma agraria y los parceleros.

Si bien el ahorro presupuestario y la eliminación de duplicidades son objetivos legítimos, el gobierno deberá manejar con cautela la transición, asegurando que los pequeños productores no queden desprotegidos y que la seguridad alimentaria siga siendo una prioridad nacional.

El futuro de la reforma agraria y la estabilidad del sector agropecuario dependen de cómo se implemente esta reestructuración, y del compromiso del gobierno con una gestión transparente y equitativa.