Cartelización Política y Reciclaje de Dirigentes: De Balaguer al PRM

Por Julio González

Un Viandante

La política dominicana ha desarrollado una arquitectura informal que trasciende los ciclos electorales. Desde los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer hasta la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se ha consolidado un modelo de cartelización institucional, donde estructuras no electas —como MYPIMES electorales, fundaciones y movimientos comunitarios— negocian cargos, contratos y visibilidad a cambio de adhesión coyuntural. Estas estructuras no compiten en las urnas, pero ocupan espacios estatales con cada cambio de gobierno. Son los dirigentes reciclados, los “perennes” del tren gubernamental.

La cartelización política convierte al Estado en un espacio de reparto entre microestructuras territoriales que operan como franquicias partidarias. No responden a procesos democráticos ni tienen legitimación ciudadana, pero sí ofrecen utilidad política a los partidos mayoritarios. Estas estructuras se activan en campañas, se formalizan como MYPIMES, y luego se insertan en el aparato estatal como proveedores, asesores o enlaces comunitarios. Su permanencia no depende del voto, sino de su capacidad de adaptación al poder.

Históricamente, este reciclaje ha seguido una lógica de continuidad simbólica. Durante los gobiernos de Balaguer, se consolidaron redes clientelares que distribuían cargos a líderes comunitarios, militares retirados y operadores políticos sin escrutinio ciudadano. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perfeccionó el modelo, integrando estas estructuras como proveedores del Estado y formalizando el uso de MYPIMES para canalizar fondos públicos. El PRM, por su parte, ha heredado y reactivado muchas de estas redes, otorgando cargos a figuras que han transitado por múltiples gobiernos. El reciclaje institucional se mantiene, con nuevos nombres, pero viejas prácticas.

El vínculo con los fondos públicos es clave para entender esta dinámica. La Junta Central Electoral (JCE) ha distribuido miles de millones de pesos a los partidos políticos. En 2024, el monto ascendió a RD$2,520 millones, mientras que en 2025 se asignaron RD$1,500 millones, con RD$400 millones para cada partido mayoritario. Una parte significativa de estos recursos termina canalizada a través de MYPIMES electorales, muchas creadas exclusivamente para justificar gastos en campañas. Estas estructuras permiten que los fondos públicos se distribuyan sin trazabilidad clara, mediante facturación de servicios ficticios, contratos de asesoría y logística electoral.

La presencia territorial de estas estructuras es nacional. En el Cibao, operan como bisagras entre liderazgos comunitarios y estructuras centrales. En el Sur profundo, se vinculan a trayectorias religiosas, militares y comunitarias. En el Este, se activan como plataformas de movilización turística y logística electoral. En todos los casos, se adaptan al partido en el poder, manteniendo su funcionalidad simbólica y operativa.