El IAD ante la encrucijada: modernización o disolución institucional
Por Julio C. González
Un Viandante
La reciente propuesta de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura ha despertado inquietudes legítimas en los ámbitos técnico, institucional y ciudadano. Lejos de tratarse de una mera reorganización administrativa, estamos ante una decisión que podría definir el rumbo de la reforma agraria dominicana y el papel del Estado como garante del desarrollo rural inclusivo.
Desde su creación en 1962 mediante la Ley 5879, el IAD ha sido pilar de las políticas de redistribución de tierras, estabilización agraria y apoyo a miles de familias campesinas. Este mandato legal —vigente y orgánico— no es una pieza decorativa, sino un marco institucional que responde a una deuda histórica con el campo dominicano. Cualquier intento de transformación que implique la absorción del IAD por el Ministerio de Agricultura debe partir de este reconocimiento jurídico. Pretender suprimirlo mediante vía administrativa sería jurídicamente cuestionable y políticamente riesgoso.
Además, fusionar el IAD bajo la sombrilla ministerial plantea interrogantes de fondo: ¿Dónde quedará el enfoque específico en la reforma agraria? ¿Quién garantizará la defensa del pequeño productor frente a una tecnocracia cada vez más alejada de la tierra que pisa? La experiencia demuestra que la concentración institucional no siempre produce eficiencia, y a menudo diluye misiones estratégicas.
El dilema no es modernizar o preservar el status quo, sino preguntarnos: ¿puede modernizarse la política agraria sin desmantelar la institucionalidad que la hizo posible? Existen alternativas: reingeniería operativa del IAD, descentralización técnica, articulación efectiva con Agricultura sin necesidad de desaparecer su identidad histórica ni sus competencias.
La narrativa pública también cuenta. Para el campesinado, el IAD no es solo un edificio ni una sigla: es un símbolo de conquista social. Convertirlo en una dependencia más podría percibirse como un retroceso, un gesto de desprecio hacia un legado que aún tiene cuentas pendientes con las comunidades rurales.
Si queremos una agricultura resiliente, inclusiva y con visión de futuro, necesitamos instituciones fuertes, no invisibles. Apostar por el IAD es apostar por una política agraria con rostro humano y misión histórica. Su desaparición, en cambio, sería una fractura que el tiempo y la tierra difícilmente perdonarían.
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