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Continuamos expresando nuestro parecer sobre este sensible tema de la gobernanza republicana.

Fusión del IAD y el Ministerio de Agricultura: impacto en la reforma agraria y la gestión agropecuaria.

Por Julio González

Un viandante

La reforma agraria ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del sector agropecuario de República Dominicana, permitiendo el acceso a tierras para pequeños productores y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Sin embargo, la reciente decisión del gobierno de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, mediante los Decretos 115-25 y 209-25, ha generado un amplio debate sobre sus efectos en la gestión interinstitucional y el futuro de proyectos clave como La Cruz de Manzanillo, D-1 Ganadero en Azua y Prodevaj en Oviedo.

Si bien la fusión busca eliminar duplicidades administrativas y mejorar la eficiencia, distintos sectores han expresado preocupación por su impacto en la titularidad de tierras, el apoyo a parceleros y la continuidad de la reforma agraria. Este artículo analiza los desafíos derivados de la competencia histórica entre ambas instituciones, la falta de alineación entre planificación y ejecución, y el costo político que esta decisión representa para el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante décadas, el IAD ha sido el ente rector en la administración de tierras agrícolas, mientras que el Ministerio de Agricultura ha gestionado la producción y el desarrollo tecnológico del sector. Sin embargo, la intersectorialidad entre ambas entidades ha estado marcada por duplicidad de funciones, dificultando la asignación eficiente de recursos; conflictos administrativos, como el caso de La Cruz de Manzanillo, donde la ejecución ha sido deficiente debido a la falta de coordinación entre ambas instituciones; descentralización ineficaz, que ha obstaculizado el avance de proyectos como D-1 Ganadero en Azua, donde la falta de infraestructura adecuada ha retrasado la producción; planificación desconectada de la realidad rural, afectando la efectividad de programas diseñados para fortalecer el sector agropecuario.

El gobierno ha argumentado que la fusión permitirá una mejor gestión de las tierras agrícolas y un ahorro presupuestario considerable. Sin embargo, organizaciones como el Consejo Nacional de Parceleros, igual el CONAPE y actores políticos, han advertido sobre los riesgos para los campesinos, que dependen del IAD para la titulación de tierras y el acceso a financiamiento. Entre los riesgos identificados tenemos problemas de titulación: Más del 60 % de los terrenos administrados por el IAD tienen conflictos de propiedad, lo que podría generar desalojos en provincias como Mao-Valverde, Cotuí y Duarte; reducción de asistencia técnica, parceleros temen que la absorción del IAD por el Ministerio de Agricultura disminuya el apoyo directo a pequeños productores y la centralización administrativa, lo que podría alejar los servicios a los beneficiarios en comunidades rurales.

La reforma institucional del IAD podría representar un desafío electoral para el PRM, que ha mantenido un fuerte respaldo en sectores agropecuarios. Si la fusión resulta en desalojos o en la reducción de programas de apoyo, podrían surgir protestas campesinas que afectarían la estabilidad política y la percepción del gobierno. La fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura representa una reforma estructural profunda, con el potencial de mejorar la eficiencia administrativa, pero también con riesgos significativos para la reforma agraria y los parceleros.

Si bien el ahorro presupuestario y la eliminación de duplicidades son objetivos legítimos, el gobierno deberá manejar con cautela la transición, asegurando que los pequeños productores no queden desprotegidos y que la seguridad alimentaria siga siendo una prioridad nacional.

El futuro de la reforma agraria y la estabilidad del sector agropecuario dependen de cómo se implemente esta reestructuración, y del compromiso del gobierno con una gestión transparente y equitativa.