Democracia subsidiada, ética comprometida

Democracia subsidiada, ética comprometida

Por Julio González

Un Viandante

En medio de una crisis estructural que afecta el acceso al agua potable, la calidad del transporte público y la cobertura en salud, el Estado dominicano ha destinado más de RD$23,333 millones a los partidos políticos entre 2012 y 2025. Este financiamiento, amparado por la Ley 20-23 y la Ley 33-18, se presenta como un mecanismo de fortalecimiento democrático. Sin embargo, su legitimidad ética está en entredicho.

La legalidad del financiamiento no garantiza su legitimidad. A pesar de recibir recursos públicos, los partidos siguen permeados por figuras que, según el imaginario colectivo, están vinculadas al narcotráfico, los juegos de azar y otras actividades non sanctas. Esta convivencia entre lo legal y lo ilegítimo erosiona la confianza ciudadana y plantea una pregunta incómoda: ¿Qué tipo de democracia estamos financiando?

Los partidos políticos dominicanos gozan de un blindaje presupuestario sin una auditoría pública accesible ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La opacidad en el uso de los fondos, sumada a la presencia de actores cuestionables, convierte el financiamiento estatal en una herramienta que puede legitimar estructuras paralelas de poder. En lugar de fortalecer la institucionalidad, corre el riesgo de consolidar redes clientelares y prácticas antidemocráticas.

Este modelo de financiamiento público fue impulsado por el Dr. José Francisco Peña Gómez, líder histórico del pueblo dominicano, con una visión profundamente democrática. Peña Gómez concebía la participación ciudadana como piedra angular de la institucionalidad, y entendía el subsidio estatal como una forma de garantizar pluralismo, equidad y transparencia en la competencia política. Hoy, sin embargo, el sistema parece haber olvidado ese sentir: se ha degradado en su práctica, alejándose de los principios éticos que lo originaron.

La democracia no puede medirse por el dinero que reciben los partidos, sino por la calidad de sus representantes y la coherencia entre sus discursos y sus prácticas. Es urgente vincular el financiamiento público a indicadores éticos, establecer auditorías ciudadanas y reformular el relato democrático. La ciudadanía debe tener acceso a plataformas que visualicen el uso de los fondos, los perfiles de los dirigentes beneficiados y los vínculos institucionales que sostienen su presencia.

Además, se propone la construcción de mapas simbólicos que distingan entre zonas de representación legítima y zonas capturadas por intereses oscuros. Esta cartografía permitiría a la ciudadanía visualizar dónde se juega realmente la democracia y exigir una reconfiguración ética del sistema político.

En tiempos de escasez, cada peso cuenta. Pero también cada rostro que lo administra. El financiamiento público a los partidos debe ser una herramienta de fortalecimiento institucional, no un botín legalizado que perpetúe la impunidad y la captura simbólica del Estado.