¿Quién protege al que entrega?: derechos laborales en el limbo.

Por Julio González | Un Viandante

En la República Dominicana, miles de personas recorren las calles cada día en motocicletas para entregar comida, medicinas o transportar pasajeros. Son visibles, veloces y esenciales. Pero ante la ley, son casi invisibles. Ni el motoconchista tradicional ni el repartidor de plataformas digitales gozan de una protección laboral real. Ambos operan en un limbo jurídico donde el trabajo existe, pero los derechos no.

La legislación laboral dominicana, anclada en un modelo de empleo formal que ya no representa la realidad del mercado, no contempla figuras como el “colaborador independiente” o el “trabajador de plataforma”. Esto deja a los deliverys sin acceso a seguridad social, sin seguro de riesgos laborales, sin vacaciones, sin licencias médicas y sin mecanismos efectivos para reclamar abusos o accidentes.

El motoconchista, por su parte, ha sido históricamente excluido de cualquier esquema de protección.

Aunque su labor es esencial para la movilidad en zonas donde el transporte público no llega, su estatus legal es ambiguo. No cotiza, no tributa, y tampoco recibe respaldo del Estado cuando sufre un accidente o es víctima de violencia.

Este vacío legal no es casual: es funcional a un modelo económico que se beneficia de la informalidad.

Las plataformas digitales evitan responsabilidades laborales al clasificar a sus repartidores como “socios” o “emprendedores”, mientras el Estado se muestra incapaz —o renuente— a intervenir. El resultado es una fuerza laboral desprotegida, expuesta y fácilmente reemplazable.

La pregunta es urgente: ¿quién protege al que entrega? ¿Quién responde cuando un repartidor sufre un accidente en horario laboral? ¿Quién garantiza que un motoconchista no sea víctima de extorsión o abuso policial? ¿Quién vela por la integridad de quienes sostienen, desde la periferia, la economía urbana?

La respuesta debe ser clara: el Estado. Es hora de actualizar el marco legal para reconocer nuevas formas de empleo, establecer obligaciones mínimas para las plataformas y crear mecanismos de formalización progresiva para los trabajadores informales. No se trata de imponer cargas imposibles, sino de garantizar condiciones mínimas de dignidad. Porque ningún trabajo —por esencial que sea—debe ejercerse a costa de la vida, la salud o los derechos de quien lo realiza.