miércoles, 20 de agosto de 2025

 🚨 Dios nos agarre confesados

Por Julio González

Un Viandante

El progreso no se mide sólo en cifras ni en metros cuadrados de concreto. Desde que uno cruza el puente J. Peynado, dejando atrás el bullicio de la Máximo Gómez para internarse en Santo Domingo Norte por la Avenida Hermanas Mirabal, se despliega ante los ojos una de las arterias económicas más potentes del municipio. Plazas, supermercados, concesionarios, cadenas de farmacias, restaurantes y ferreterías componen un ecosistema comercial vibrante que genera empleo, inversión y dinamismo urbano. “Este lado del puente”, como dice el pueblo llano, rebosa actividad.

Entre las decenas de establecimientos figuran nombres como Bravo-Smart Fit, Plaza Villa Isabela Norte, Ferretería Camber Import, Plaza El Dorado con La Sirena, Plaza Concordia con Banreservas, Plaza Iberia, Ferrecentros, hoteles, cabañas, estaciones de gasolina, expendios de gas y un tejido informal que hace de la Hnas. Mirabal un corredor económico de primera línea.

Pero ese fulgor comercial contrasta, de manera trágica, con una sombra institucional que nadie puede —ni debe— ignorar.

Ubicada sobre la misma Avenida Hermanas Mirabal, la principal estación de bomberos del municipio presenta un estado deplorable: deterioro físico, ausencia de equipos modernos, y una estructura que dista mucho de estar a la altura del riesgo acumulado en torno suyo. Si ocurriera un siniestro de magnitud —un incendio industrial, una explosión de combustible, un colapso estructural— ¿podría esta estación garantizar una respuesta efectiva? Las probabilidades dicen que no.

Aquí no se trata de alarmismo: se trata de simple coherencia institucional. ¿Cómo es posible que el principal eje económico de Santo Domingo Norte no cuente con una infraestructura de emergencia mínimamente robusta? ¿Dónde están el Ministerio de Interior y Policía y el Ayuntamiento del municipio?

El abandono visible de esta estación representa un desprecio tácito a la seguridad pública, un fallo grave en la planificación urbana y una irresponsabilidad compartida por quienes deben velar por el bienestar ciudadano. Si el Estado promueve el desarrollo económico mediante incentivos y permisología, ¿no debería también garantizar una infraestructura que proteja vidas y patrimonios?

En este contexto, responsabilizamos directamente al Ministerio de Interior y Policía —por ser rector del Sistema Nacional de Bomberos— y al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte —por omisión en el deber de gestionar y reclamar intervención—. La rehabilitación urgente de esta estación no es un capricho: es una exigencia cívica, una necesidad estratégica y una deuda institucional que ya ha tardado demasiado.

El progreso sin planificación es apenas una fachada. Si Santo Domingo Norte quiere consolidar su vocación económica y urbana, debe empezar por proteger sus cimientos: la seguridad pública. Y eso comienza, ineludiblemente, por restaurar con urgencia esta estación de bomberos. Porque cuando lo institucional colapsa, ni los colmados ni las plazas podrán salvarnos.

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