🚦 Motoconchos y deliverys: dos caras del mismo vacío institucional

Por Julio González

Un Viandante

En la República Dominicana, la informalidad no solo se manifiesta en los mercados o en el empleo doméstico: también circula a toda velocidad por nuestras calles. El motoconcho tradicional y los repartidores de plataformas digitales —aparentemente opuestos— comparten una misma raíz: la ausencia del Estado como regulador, garante de derechos y planificador del espacio público.

El motoconcho, presente en cada esquina del país, ha sido durante décadas el transporte de los que no tienen transporte. En barrios, campos y zonas urbanas marginadas, su presencia suple la falta de rutas de autobuses, la escasez de aceras y la desconexión territorial. Pero su funcionamiento es informal, sin licencia, sin seguro, sin regulación. Muchos de sus conductores son migrantes sin documentación, y sus paradas operan al margen de cualquier autoridad.

Por otro lado, los repartidores de comida rápida, farmacias y colmados —ya sea a través de plataformas como PedidosYa o mediante flotas privadas— representan una versión digitalizada de esa misma informalidad. Aunque algunos operan con uniformes y aplicaciones móviles, la mayoría carece de contrato formal, seguro médico o protección laboral. La tecnología ha maquillado la precariedad, pero no la ha resuelto.

Ambos fenómenos comparten un patrón: el Estado ha delegado, por omisión, la movilidad urbana a la lógica del mercado y la supervivencia. No hay planificación, no hay fiscalización, no hay integración. Solo hay reacción tardía ante el caos.

La solución no pasa por criminalizar a quienes trabajan sobre dos ruedas, sino por reconocer su rol y regularlo con justicia. Se necesita una política pública que formalice, capacite y proteja, sin perder de vista que detrás de cada casco hay una historia de necesidad, pero también de dignidad.

Porque mientras el motoconcho y el delivery sigan siendo invisibles para la ley, seguirán siendo vulnerables para la vida.