🛵 La epidemia de las motos: cuando el caos se institucionaliza

Por Julio González

Un Viandante

En la República Dominicana, las motocicletas no solo dominan las calles: dominan también las estadísticas de muerte, informalidad y desorden. Con casi 3.5 millones de unidades registradas, el país ha normalizado una forma de movilidad que, lejos de ser símbolo de eficiencia o progreso, se ha convertido en una amenaza pública. Lo más alarmante no es la cifra en sí, sino el hecho de que apenas 10,827 motoristas poseen una licencia válida. Es decir, menos del 0.5% cumple con el requisito más básico para circular legalmente.

La Ley 63-17, que regula el tránsito y la seguridad vial, exige licencia, casco, seguro, examen práctico y reeducación obligatoria para los infractores. Pero en la práctica, esta ley existe solo en el papel. Su aplicación es tan débil que raya en la complicidad institucional. ¿De qué sirve una legislación moderna si no hay voluntad para hacerla cumplir?

Los datos son contundentes: en 2024, el 65.5% de las muertes por accidentes de tránsito involucraron a motoristas. Y del total de infractores reeducados, el 83% eran motociclistas. Esto no es una coincidencia: es el resultado de años de permisividad, improvisación y abandono de la autoridad.

Pero el problema va más allá de la seguridad vial. La motocicleta se ha convertido en el vehículo de la informalidad, del motoconcho sin regulación, del delivery sin seguro, del atraco rápido y anónimo. Es también el reflejo de un Estado que ha cedido el control del espacio público a la anarquía motorizada.

No se trata de demonizar al motorista. Muchos de ellos son trabajadores que encuentran en la moto su única vía de sustento. Pero precisamente por eso, urge una política pública que los integre formalmente, que los capacite, que los regule y que les exija. La informalidad no puede seguir siendo la norma.

La epidemia de las motos no se resolverá con operativos esporádicos ni con campañas de concienciación aisladas. Se necesita una estrategia integral que combine fiscalización, educación, planificación urbana y, sobre todo, voluntad política. Pero incluso la fiscalización más rigurosa será inútil si no va acompañada de un régimen de consecuencias real, coherente y aplicado sin excepciones. La impunidad institucionalizada es el mayor incentivo para la reincidencia. Y es aquí donde surgen los verdaderos desafíos: una resistencia política estructural que teme el costo de imponer orden; una desigualdad social que empuja a miles a la informalidad como única vía de sustento; y un aparato institucional débil, muchas veces incapaz —o renuente— a aplicar la ley con firmeza y equidad.

Porque mientras el Estado siga mirando hacia otro lado, las calles seguirán siendo territorio del caos…y de la muerte.